La oposición en el Senado logró sancionar la ley de Financiamiento Universitario, lo que representa un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei. Durante la votación, la iniciativa obtuvo 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, superando con creces el umbral de dos tercios necesario para su aprobación. Sin embargo, la definición final sobre esta ley ahora queda en manos del Ejecutivo, que podría vetarla.
La ley establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente de las universidades, con un impacto presupuestario estimado de 738.595 millones de pesos, equivalente al 0,14% del PIB. Esta medida ha sido defendida por la oposición, que argumenta que es esencial para garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
El debate en el Senado estuvo marcado por la crítica al gobierno por parte de los legisladores opositores, quienes acusaron a la administración de Milei de atacar los principios fundamentales de la educación. En este contexto, el presidente de la comisión de Educación, Eduardo De Pedro, enfatizó la importancia de esta ley para la inversión en educación, un pilar del modelo productivo argentino.
A pesar de la aprobación en el Senado, el futuro de la ley es incierto, ya que el Ejecutivo puede optar por no sancionarla. Esto ha generado una gran expectativa y preocupación entre los sectores educativos y la comunidad universitaria, que ven en esta ley una oportunidad para mejorar la calidad y el acceso a la educación superior en el país.