El gobierno dará de baja a más de 62,000 beneficiarios del Monotributo Social, lo que representa aproximadamente el 10% de los afiliados a este régimen. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Capital Humano, tiene como objetivo identificar y eliminar a aquellos beneficiarios que no cumplen con los requisitos establecidos, incluyendo personas que ya están registradas como trabajadores formales y fallecidos. De este total, se identificaron alrededor de 27,000 personas con trabajo registrado y aproximadamente 1,900 que habían fallecido.
El reempadronamiento de los 622,000 monotributistas sociales es parte de una estrategia más amplia para transparentar el sistema y reducir el gasto público, con un ahorro estimado de más de 711 millones de pesos mensuales. Además, se busca que la herramienta sirva efectivamente para su propósito original: registrar actividades económicas, emitir facturas y proporcionar cobertura de salud para los beneficiarios y sus familias.
Sin embargo, esta decisión ha generado críticas por parte de organizaciones sociales que argumentan que el ajuste afectará gravemente a un sector vulnerable de la población. Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE), calificó la medida como «excesivamente cruel», especialmente para aquellos que dependen de la obra social y no podrán costear el nuevo pago de 6,900 pesos mensuales que se les exigirá a partir de octubre.
La UTEP, otra organización social, también se ha manifestado en contra de la eliminación de subsidios para las obras sociales y ha denunciado que las nuevas exigencias para ser monotributistas no reflejan la realidad de la economía popular. La situación ha llevado a un debate sobre la efectividad y la implementación de políticas públicas que protejan a los sectores más desfavorecidos en un contexto económico difícil.