La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Rocío Bonacci, se vio envuelta en un episodio sorprendente al votar por su propia expulsión en el Congreso, en el marco de la controversia generada por la visita de un grupo de legisladores de su bloque a represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza. La situación se complicó cuando Bonacci, al momento de emitir su voto, confundió la moción presentada por la diputada de Unión por la Patria (UxP), Gisela Marziotta, que buscaba expulsar a seis diputados liberales, incluidos ella misma y su colega Lourdes Arrieta. En definitiva, no sabía que estaba votando, pero lo hizo.
La legisladora santafesina creía que estaba votando a favor de una comisión especial evaluadora de la conducta de sus compañeros, y no del proyecto que proponía su apartamiento. A pesar de que Bonacci se había negado a entrar al pabellón donde esperaban los genocidas, su voto contribuyó a una votación que fue finalmente rechazada con 102 votos a favor de la expulsión, 121 en contra y cinco abstenciones.
Desde que se destapó el escándalo, Bonacci y Arrieta han intentado distanciarse de los otros miembros del bloque LLA involucrados, incluido Beltrán Benedit, quien organizó la visita, así como Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. Ambas diputadas han declarado que fueron engañadas respecto al verdadero propósito de la visita, alegando que no estaban al tanto de la naturaleza de la actividad.
Este incidente ha generado un amplio debate en el ámbito político, evidenciando las tensiones y las divisiones dentro del bloque de La Libertad Avanza, así como las implicaciones éticas que surgen de la visita a los represores. La situación también pone de manifiesto la complejidad de las dinámicas en el Congreso argentino y la necesidad de una mayor claridad y responsabilidad en las acciones de los legisladores.