Una reciente auditoría realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud ha revelado irregularidades alarmantes en la rendición de subsidios destinados al transporte de personas con discapacidad en Argentina. Según los informes, se han detectado sobrefacturaciones que ascienden a más de 14.480 millones de pesos, una cifra que equivaldría a realizar más de 70 viajes a la Luna. Este monto corresponde a los servicios de transporte para 32.518 beneficiarios que requieren traslado a centros de atención, educativos, entre otros. La auditoría ha calificado esta situación como “desmesurada”, poniendo de relieve el descontrol y la falta de supervisión que han prevalecido en el sistema.
Se destaca que las obras sociales, sin un control adecuado, han presentado facturas que han sido pagadas a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) sin la debida verificación. La auditoría encontró que las distancias facturadas por los transportistas alcanzan los 28.680.480 kilómetros en un solo mes, lo que representa un promedio de más de 800 kilómetros por afiliado. Este dato resulta particularmente sospechoso, ya que la mayoría de los centros de atención suelen estar ubicados a no más de 10 o 20 kilómetros de los hogares de los beneficiarios. Las autoridades han sugerido que podrían haberse utilizado facturas apócrifas o emitidas por empresas ficticias.
En respuesta a estos hallazgos, la Superintendencia de Servicios de Salud ha anunciado que implementará un control más riguroso sobre las facturas presentadas por las obras sociales. A partir de ahora, la documentación deberá ser enviada en formato digital, permitiendo así una revisión más eficiente de la legitimidad de las facturas a través de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Las autoridades han indicado que cualquier anomalía detectada resultará en la detracción de fondos a la obra social involucrada, ya que el subsidio se paga contra factura.
El superintendente Gabriel Oriolo ha señalado que estas irregularidades son una muestra del descalabro existente en el sistema y ha enfatizado su compromiso de recuperar un rol fiscalizador efectivo en la Superintendencia. El objetivo es lograr un Fondo Solidario más transparente y eficiente, evitando que unos pocos se beneficien a expensas de los recursos destinados a la atención de personas con discapacidad. Este escándalo subraya la necesidad urgente de reestructurar y supervisar adecuadamente el uso de los subsidios públicos.