Un grupo de diputados del PRO ha presentado recientemente un proyecto de ley que busca revocar la pensión de privilegio y la custodia de Alberto Fernández, ex presidente de la Nación. Este movimiento surge en el contexto de la denuncia de Fabiola Yáñez, quien acusó al ex mandatario de violencia de género. Las iniciativas, lideradas por Silvana Giudici y Damián Arabia, plantean cambios significativos en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias para presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema.
El proyecto estipula que los expresidentes perderían su derecho a la pensión vitalicia si son condenados por delitos cometidos mientras ejercían sus funciones. Se enumeran delitos como corrupción, incumplimiento de deberes y delitos contra la integridad sexual. La propuesta ha sido presentada formalmente en el Congreso y se espera que sea enviada a las comisiones pertinentes para su análisis. Además, el proyecto incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por violencia de género.
La denuncia de Yáñez ha dado pie a este proyecto, en el que se argumenta que la conducta del ex presidente agravia la investidura presidencial y afecta la dignidad que las normas buscan proteger. La denuncia se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con la administración de Fernández y su círculo cercano.
Damián Arabia, otro de los impulsores de la iniciativa, ha presentado un proyecto similar que plantea que los expresidentes y vicepresidentes pierdan su pensión vitalicia a partir de un procesamiento judicial. A diferencia del proyecto de Giudici, el de Arabia no incluye la revocación de la custodia. Ambos proyectos reflejan una estrategia del PRO para cuestionar los privilegios de Fernández y abrir un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la justicia.