El Gobierno continúa redactando el decreto reglamentario del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), una ley clave para atraer capitales al país. Sin embargo, algunas disposiciones preliminares han encendido las alarmas entre los industriales.
En reuniones recientes con funcionarios nacionales, referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) expresaron su preocupación por ciertos aspectos que, de no modificarse, podrían perjudicar a los proveedores locales.
El principal reclamo gira en torno al artículo que establece que los proyectos adheridos al RIGI deberán destinar al menos un 20% de su inversión a la contratación de proveedores locales. Las entidades industriales buscan que este porcentaje se discrimine entre obras y bienes, exigiendo que del gasto en bienes de capital, el 20% sea para productos nacionales.
«La industria local no tiene capacidad de abastecer el 20% de proyectos tan ambiciosos», argumentaron fuentes oficiales consultadas, dejando entrever que probablemente no se avance en esa discriminación solicitada por los empresarios.
Esta postura inquieta especialmente al sector metalúrgico, que teme que las grandes empresas terminen importando maquinarias y equipos sin adquirir insumos locales. «Si no hay exigencias específicas, ingresarán todo del exterior libre de aranceles», advirtieron desde Adimra.
Desde la UIA plantearon que el objetivo debería ser fomentar el valor agregado local, evitando que se compre a importadores radicados en el país. También propusieron aplicar reglas de origen similares a las del Mercosur.
Si bien se buscará incentivar el desarrollo de proveedores nacionales, todo indica que la reglamentación avanzará sin discriminar entre obras y bienes, contrariando el principal reclamo industrial. Una decisión que podría generar rispideces con un sector clave para el éxito del RIGI.