En medio de los reclamos de gobernadores por las transferencias adeudadas para cubrir el déficit de las cajas previsionales provinciales, el Ejecutivo Nacional descartó avanzar con compensaciones inmediatas y optó por aguardar los resultados de una auditoría en curso.
La disputa por los montos que la Nación adeuda a 13 distritos que no transfirieron sus sistemas jubilatorios al ámbito nacional lleva varios meses sin resolverse. Autoridades nacionales justificaron la demora afirmando que primero deben analizarse las cifras en litigio.
«No hay ninguna decisión de efectuar compensaciones ahora. Primero tenemos que conocer los datos reales de lo que se reclama», aseveró un funcionario cercano al presidente Javier Milei, quien remarcó la mejor posición financiera de las provincias respecto de la Nación.
Esta postura fue transmitida en una reunión con mandatarios opositores, quienes insistieron en encontrar «salidas posibles» al entredicho, especialmente ante la necesidad de recursos para obra pública. Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe aparecen como las más perjudicadas.
No obstante, el Gobierno logró que los gobernadores «comprendieran» la situación y acordaran esperar a que la auditoría de la ANSES culmine antes de retomar negociaciones. «Reconocieron que el país tiene que crecer para poder recaudar más y pagar lo que corresponda», señalaron.
En paralelo, varias provincias judicializaron los reclamos. Entre Ríos llegó con su causa hasta la Corte Suprema, exigiendo el pago de una deuda que superaría los $55.000 millones, según estimaciones oficiales.
Lejos de una solución en el corto plazo, el entredicho profundiza las tensiones entre Nación y provincias, en momentos en que el Ejecutivo busca definir su estrategia de cara a los comicios legislativos del año próximo y su relación con las fuerzas dialoguistas.