Las casas de altos estudios del país atraviesan su peor momento en décadas debido al grave deterioro del poder adquisitivo de sus trabajadores docentes y no docentes. Mientras el gobierno elogia la «excelencia académica» a nivel internacional, asfixia económicamente al personal calificado que la sustenta.
El conflicto llegó a un punto crítico tras meses de reclamos y una masiva movilización de apoyo ciudadano. La contracara de los discursos oficiales que reconocen el capital humano formado en las universidades públicas es una abrupta caída del 45% en los salarios reales de sus trabajadores entre noviembre y junio. El doble del ajuste soportado por el resto del empleo estatal.
Cifras estremecedoras ilustran el drama que se vive en los principales centros académicos. En la UBA, que cuenta con más de 340.000 estudiantes y produce conocimiento de vanguardia, los sueldos básicos están muy por debajo de la línea de pobreza. Sus hospitales de referencia, como el Clínicas, se ven igualmente afectados.
El agravio salarial impacta de lleno en las carreras más estratégicas para el país, con riesgo de éxodo de docentes e investigadores. El 77% de los médicos, 97% de físicos y matemáticos, 90% de odontólogos y 91% de veterinarios se forman en el sistema estatal de educación superior.
«La universidad pública se vacía por la puerta de atrás. Estamos asfixiándola lentamente», lamentan voceros gremiales que advierten sobre el riesgo de perder definitivamente capacidades clave para el desarrollo soberano.