El Gobierno nacional reglamentó artículos clave que permiten a los clubes de fútbol transformarse en sociedades anónimas y habilitan el ingreso del capital privado al deporte más popular del país.
Mediante una resolución, la Inspección General de Justicia estableció una serie de desregulaciones que flexibilizan los trámites para que las entidades deportivas puedan recibir inversiones privadas. Concretamente, se autorizó la participación de asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas, así como la transformación directa de asociaciones civiles a este tipo de figuras mercantiles.
El presidente Javier Milei celebró el avance hacia el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y sentenció: «Basta de pobrismo en el fútbol». El mandatario remarcó que, de concretarse las inversiones privadas, podrían inyectarse entre 3.000 y 4.000 millones de dólares a una actividad económica clave.
No obstante, el camino no está libre de obstáculos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio Tapia, se opone férreamente a este esquema y ha presentado recursos judiciales para frenarlo. Un sector minoritario, encabezado por Sebastián Verón, apoya una privatización parcial.
En este contexto de puja de intereses, el recién asumido ministro Federico Sturzenegger juega un rol protagónico al impulsar las desregulaciones que alientan las inversiones privadas en línea con la nueva Ley de Bases económica.
Mientras algunos clubes celebran la apertura al capital externo como vía para su desenvolvimiento, otros sectores temen perder el histórico carácter institucional del fútbol argentino. Una disputa que promete continuar en las canchas judiciales y políticas en los próximos meses.