La reducción de las contribuciones patronales, una exigencia histórica del sector privado, no fue incluida en la ley de Bases aprobada por Diputados. Si bien el Ejecutivo reconoce la necesidad de rebajar estos gravámenes, prioriza ordenar las cuentas públicas antes de avanzar en ese sentido.
El proyecto oficialista abarcó artículos del frustrado DNU laboral, como la eliminación de multas indemnizatorias y un blanqueo para los trabajadores en negro. No obstante, no contempló el alivio impositivo al trabajo demandado por los empresarios, especialmente las pymes, duramente golpeadas por la crisis.
Desde el Gobierno aseguran que una vez consolidada la desaceleración inflacionaria y el repunte económico, probablemente en 2025, encararán una reforma previsional que reduzca la carga laboral. «Hoy hay mucho riesgo y a partir de la nueva ley, ese riesgo cesará», afirmaron fuentes oficiales.
Representantes del sector privado insisten en la urgencia de acciones. «No podemos seguir teniendo las mismas cargas que las grandes empresas», advirtió Alfredo González, titular de CAME, quien propuso permitir descontar del IVA los aportes patronales para pymes. El economista Gustavo Lazzari calificó de «altísima» la tributación al trabajo.