El Gobierno argentino estaría buscando una forma de liberar a los genocidas de la última dictadura militar. Se especula que Javier Milei, presidente del país, busca un atajo para cumplir con Victoria Villarruel, su compañera de fórmula, quien tiene vínculos con el sector castrense. Sin embargo, Villarruel ha dejado en claro que no busca indultos ni amnistías, sino justicia para los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El indulto, que solo puede ser aplicado por el presidente, está prohibido en casos de lesa humanidad. La Cámara de Casación emitió un fallo reciente que reafirma esta incompatibilidad.
En su carrera como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), Villarruel ha abogado por investigar los episodios de violencia y muerte previos al golpe de Estado de 1976. Aunque se especula que Milei busca un indulto para liberar a los genocidas, la Justicia ha dejado claro que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados. La ley 27.516 prohíbe específicamente el indulto en estos casos. La Cámara de Casación ha emitido un fallo en el que destaca que «la imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas».
El Gobierno también ha considerado la posibilidad de otorgar arresto domiciliario a los represores mayores de 70 años. Sin embargo, la mayoría de los condenados por delitos de lesa humanidad ya cumplen sus condenas fuera de la cárcel. Cecilia Pando, quien ha abogado por el beneficio del arresto domiciliario, se ha distanciado de Villarruel, pero recientemente se ha fotografiado con Luis Petri, ministro de Defensa. Petri ha generado controversia al afirmar que algunos dirigentes han demonizado a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década de 1970.