Hay bronca en el radicalismo. Aunque los senadores de la UCR votaron divididos, todos coinciden en criticar a Abad por su postura. “Siempre arregla para él, su lugar en la lista, su amigo K como diputado, su esposa concejal. su senadora bonaerense investigada como el caso “Chocolate” del senado y ahora ésto”, afirman indignados en los pasillos del Congreso.

Los senadores y diputados radicales se quejaban anoche de la necesidad de protagonismo de Abad, que pidió la palabra y dió un largo discurso sobre el DNU, las instituciones, la constitución y el diálogo (quedó bien con todos) para luego ser uno de los únicos cuatro senadores que se abstuvieron a la hora de votar. Dar la cara y comprometerse con los ciudadanos es ejercer el voto, que su existencia quede manifestada con el acto de votar y no sólo con un discurso ambivalente para luego desentenderse.

En su ciudad, Abad es conocido por sacarse fotos con sus colaboradores, como el senador bonaerense Ariel Bordaisco y postearlo en X relatando estar trabajando en un gran esfuerzo en beneficios para los argentinos. “Es increíble, se toma un café con un amigo y lo venden como trabajo político”.

Pidieron el desafuero de una senadora que responde a Abad

Según un artículo publicado en La Nación titulado «La Justicia pidió el desafuero de una senadora bonaerense por una presunta defraudación al Estado«, la Justicia de Garantías solicitó formalmente al Senado bonaerense el desafuero de la senadora Flavia Delmonte, quien está acusada de liderar un entramado de corrupción que habría defraudado al Estado provincial en los últimos años. Delmonte responde directamente a Maximiliano Abad, hoy cuestionado por su postura de indefinición en la votación sobre el DNU y también por su tímida opinión sobre el caso de Chocolate Rigau.

Flavia Delmonte junto a dos de sus asesores, ha sido acusada de desviar dinero público a través de “ñoquis” del Partido de la Costa, Pinamar y Punta Lara.

El pedido de desafuero fue realizado por el juez de Garantías de Dolores, David Leopoldo Mancinelli, basándose en la investigación llevada a cabo por el fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Pérez.

La investigación se centra en la supuesta creación de una red de empleados «ñoquis» y prestanombres por parte de la senadora Delmonte, quienes habrían recibido sueldos del Senado provincial sin cumplir con sus funciones y entregando parte o la totalidad de sus salarios a la senadora. Se menciona que la investigación inició en 2021 y se busca determinar la participación de otras personas en el presunto entramado delictivo.

Ante esta situación, la senadora Delmonte ha negado las acusaciones y ha afirmado que se trata de un conflicto relacionado con su divorcio y que el objetivo es perjudicarla políticamente. Los investigadores solicitaron datos al Banco Provincia (BaPro) y se centraron en rastrear los flujos de dinero. Además, llevaron a cabo análisis contables y computacionales que revelaron que parte de la actividad ilícita se originaba en las computadoras utilizadas en el despacho de la senadora Delmonte.

La investigación habría enfrentado varios obstáculos, como la falta de colaboración por parte de la Cámara de Senadores para proporcionar información sobre los empleados y asesores del despacho de la senadora Delmonte, así como la reticencia del Banco Provincia a entregar información relevante. Se menciona que tanto la senadora como sus colaboradores podrían enfrentar posibles indagatorias y medidas cautelares en el futuro.