El Gobierno oficializó una serie de recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que incluyen la baja de contratos y la suspensión de diversos gastos. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se ha dispuesto la suspensión de aportes al organismo, así como la eliminación de gastos en telefonía, traslados y comida para el personal. Además, se suspenden las contrataciones de locación de obra y las contrataciones de obra por especialidad, y se establece la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones de personal bajo esas modalidades.
La resolución lleva la firma de Carlos Luis Pirovano, un economista ligado al partido PRO, quien fue designado con el objetivo de implementar un plan de ajuste en el INCAA. Según el texto oficial, estas medidas se enmarcan en la necesidad de racionalizar y eficientizar el organismo, así como de superar la situación de emergencia creada por las condiciones económicas excepcionales. Se busca evitar mayores perjuicios económicos y propiciar una gestión eficaz en la asignación y administración de los recursos públicos.
Estas medidas han generado preocupación en el sector cinematográfico y han sido calificadas por el sindicato ATE Capital como una «declaración de guerra al cine nacional». Los trabajadores del INCAA se oponen a la suspensión de contratos y recortes en el presupuesto, y han convocado a una asamblea general para discutir próximas acciones. Además, se ha informado que se analiza implementar retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y reestructuraciones en el organismo.