Un juez federal de la ciudad de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, falló a favor del gobierno de Chubut en su disputa con el gobierno nacional por el recorte de fondos coparticipables. El magistrado ordenó suspender la retención de la coparticipación dispuesta por la Casa Rosada y exhortó a ambas partes a negociar la refinanciación de la deuda que la provincia tiene con la Nación. En su resolución, el juez Sastre criticó la postura intransigente del gobierno nacional y su falta de cooperación con la provincia de Chubut. Además, destacó que la decisión del gobierno de Javier Milei de no enviar los fondos «no se condice con su accionar en años anteriores». El magistrado también rechazó el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de que se le devuelvan los más de 13 mil millones de pesos retenidos la semana pasada.
Este fallo se produce luego de que el gobierno nacional ejecutara una garantía para cobrar una deuda de Chubut y recortara los fondos coparticipables que le correspondían a la provincia. Ante esta situación, el gobernador Torres amenazó con cortar la provisión de petróleo y gas si no se suspendía el recorte, y presentó una medida judicial autosatisfactiva contra la decisión del gobierno nacional. El juez Sastre aceptó el planteo y ordenó el cese de la retención de los fondos. Además, instó a ambos gobiernos a buscar soluciones para cancelar o refinanciar la deuda, siempre y cuando no se afecten los servicios esenciales para los habitantes de Chubut.
Este fallo del juez Sastre es importante para la provincia de Chubut, ya que le permitiría recuperar los fondos coparticipables que le habían sido retenidos por el gobierno nacional. Sin embargo, el conflicto no se resuelve completamente, ya que el magistrado no accedió al pedido de devolución de los fondos realizado por el gobernador Torres. Ahora, será necesario que ambas partes se sienten a negociar una solución para la refinanciación de la deuda que la provincia tiene con la Nación. Esta decisión del juez Sastre muestra la importancia del Poder Judicial como árbitro en conflictos de este tipo, buscando equilibrar los intereses de las diferentes jurisdicciones y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.