Ningún integrante del gobierno muestra disposición para firmar la medida de recorte de fondos a las provincias. Incluso el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, se ha negado a firmar una resolución ministerial que respalde legalmente esta decisión. La razón principal es que los fondos destinados a educación y transporte para las provincias están respaldados por leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto, cualquier funcionario que firme un decreto o resolución para suspender estos fondos está expuesto a enfrentar demandas judiciales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los gobernadores, como Axel Kicillof, ya han expresado su malestar y han formalizado sus reclamos por los fondos atrasados. Algunos analistas consideran que esta estrategia de postergar los pagos busca ganar tiempo hasta que ingresen los dólares de la cosecha de la soja, sin embargo, este ajuste no parece ser sostenible a largo plazo y pone en evidencia la fragilidad del superávit financiero del gobierno.