Una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei reveló irregularidades en la compra de alimentos para los comedores comunitarios durante la gestión de Alberto Fernández. Según los resultados de la auditoría, se detectaron sobreprecios de hasta un 500%, cartelización en las compras y falta de trazabilidad en la entrega de alimentos a los movimientos sociales y piqueteros. La falta de transparencia en la distribución de los alimentos ha generado polémica y enfrentamientos entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y los dirigentes sociales. La Sindicatura General de la Nación también ha señalado la necesidad de implementar controles en este proceso.
En el presupuesto original de 2023, se destinaron unos 30 mil millones de pesos a la compra de alimentos secos para los comedores comunitarios. Sin embargo, la auditoría reveló que se realizaron compras con sobreprecios y se direccionaron hacia empresas y sociedades específicas. Además, se detectó una falta de trazabilidad en el destino final de los alimentos, ya que no se rendían cuentas sobre su distribución.
La lógica del gobierno de Milei es romper con esta metodología opaca y asegurar que los insumos lleguen directamente a los sectores más vulnerables. Se busca evitar la tercerización a través de los líderes y dirigentes de las organizaciones sociales y piqueteras. La Sindicatura General de la Nación también ha reclamado controles en la distribución de los alimentos. La ministra Pettovello y funcionarios de la Casa Rosada están analizando cuáles de las irregularidades detectadas son judiciales y cuáles son graves faltas éticas.
En respuesta a estas irregularidades, Pettovello ha decidido implementar cambios en las licitaciones para asegurar la transparencia en el proceso de compra de alimentos. Se permitirá concursar de manera parcial por cada uno de los renglones, evitando licitaciones dirigidas y favoreciendo la participación de una amplia gama de proveedores. Además, se ha firmado un convenio por 20 mil millones de pesos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo (OEI) para la compra de alimentos, con el objetivo de mejorar la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables.