El Gobierno de Argentina tomará la decisión sobre el aumento del salario mínimo por decreto, después de que no se lograra llegar a un acuerdo entre los gremios y las empresas en una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. El nuevo monto, que será determinado por la Secretaría de Trabajo, también afectará el valor de programas sociales como el Potenciar Trabajo y las becas Progresar. La CGT, principal central obrera del país, acusó al Gobierno de sabotear la reunión y reclamaba un incremento del salario mínimo de $156,000 a $288,600.
La falta de consenso sobre el aumento del salario mínimo tiene implicaciones tanto en el ámbito laboral como en el fiscal. En el mercado laboral privado, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya tienen salarios superiores al salario mínimo. Sin embargo, el ajuste del salario mínimo afecta el gasto del Estado y los programas sociales vinculados al valor del salario mínimo, como el programa «Potenciar Trabajo» y las becas Progresar. Además, el salario mínimo también tiene un impacto en el sistema previsional, ya que las jubilaciones de las personas que hayan completado 30 años de aportes deben ser al menos el 82% del salario mínimo.
La CGT criticó al Gobierno por su falta de voluntad para llegar a un acuerdo en la reunión y afirmó que la Secretaría de Trabajo mostró una falta de responsabilidad social al no tener en cuenta el difícil contexto económico y social que atraviesa el país. El ajuste fiscal propuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca recortar el gasto social, incluyendo programas como el «Potenciar Trabajo», lo que equivaldría a aproximadamente el 0,4% del PBI o $750,000 millones.