En medio de un escándalo por espionaje ilegal en Argentina, se ha revelado una investigación que vincula a un espía preso con el diputado del partido político kirchnerista, Rodolfo Tailhade. El fiscal Gerardo Pollicita ha pedido ampliar la indagatoria al espía Ariel Zanchetta y se ha llevado a cabo un allanamiento en el domicilio de Fabián «Conu» Rodríguez, funcionario de La Cámpora y cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Estos hallazgos podrían señalar la existencia de una estructura paralela de inteligencia relacionada con el kirchnerismo, aparte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El fiscal Pollicita ha utilizado un peritaje informático para respaldar sus solicitudes de indagatoria y allanamiento. Los datos recopilados de los dispositivos electrónicos incautados al espía Ariel Zanchetta revelan conexiones con Rodolfo Tailhade, quien fue director de Contrainteligencia de la AFI, así como con Fabián «Conu» Rodríguez, ex presidente de Télam y subdirector de la AFIP. Estos nuevos hallazgos sugieren una coordinación entre Tailhade, otros dirigentes kirchneristas y periodistas afines para llevar a cabo operaciones de inteligencia sin dejar rastro en la AFI.

La investigación se enmarca en un caso de espionaje a jueces de la Corte, políticos y funcionarios. Se sospecha la existencia de una organización criminal dedicada a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de diversas figuras públicas, suplantar identidades y obtener información confidencial. Los hackeos a ministros de la Corte, ex funcionarios y empresarios han revelado la existencia de una red de espionaje ilegal de gran envergadura. El fiscal Pollicita busca esclarecer esta trama y determinar la responsabilidad de los implicados.

Estos nuevos descubrimientos sobre el espionaje ilegal y sus vínculos con dirigentes kirchneristas han generado conmoción en la opinión pública argentina. Se espera que el desarrollo de la investigación arroje más luz sobre la existencia y alcance de esta estructura paralela de inteligencia. Además, este escándalo plantea interrogantes sobre el respeto a la privacidad y el uso indebido de la información por parte de actores políticos.