Que hay detrás de la Sinaloa bonaerense

El narcomenudeo es la madre y el padre de todos los delitos. Con la secuela de muertes que provocó la cocaína envenenada, el conurbano bonaerense acaba de recibir la primera señal de una guerra narco que lo puede convertir en Sinaloa. El gobernador Axel Kicilllof está obligado a tomar nota de la gravedad de la situación. Lo que está ocurriendo es un hecho político, porque habla de un Estado ausente para contener el avance de estas mafias. Cuando la droga entra a los barrios desaparecen los controles y es un secreto a voces, que estas organizaciones delictivas financian campañas políticas y hacen ricos a jueces y jefes policiales.

Por Jorge Joury

Generalmente la metodología que utilizan estas bandas en el Gran Buenos Aires, es usurpar casas y expulsar a vecinos por la fuerza para usar los inmuebles como centros de acopio y fraccionamiento de los estupefacientes que luego comercializan al menudeo. La Justicia cree que así actuaba la banda que podría estar tras la droga adulterada que provocó la muerte de al menos 23 personas y 80 internados. Lo que se sabe, es que la organización criminal operaba en las villas Loyola, Sarmiento y 18, en San Martín, sería liderada por Joaquín Aquino, alias «Paisa», detenido en las últimas horas en su guarida en José C. Paz. La zona está en disputa con un grupo enemigo, al mando de Iván Villalba, uno de los hijos del histórico narcotraficante de la zona de San Martín, Miguel Ángel Villalba, más conocido como «Mameluco». Este es el encuadre de lo que a todas luces asoma como una guerra narco.

Los vecinos del lugar denominado Puerta 8, denunciaron ante la prensa que todas las semanas la policía recibe plata de los narcos. «Entran y se llevan una bolsa o se la alcanzan al patrullero, por eso pedimos la presencia de la Gendarmería», señalaron

Para que se tenga una real dimensión de lo que mueve este vil negocio en nuestro país, según el último dato que se conoce de 2017, suministrado por el ex subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, afirmaba que se manejaban unos USD 1110 millones; de la cifra total, 500 millones corresponden al negocio de la marihuana y 218 millones al de la cocaína.

A nivel global, según las Naciones Unidas, el tráfico de drogas genera un volumen que ronda entre 400 y 600.000 millones de dólares al año, equivalente al 10% del comercio global.

Según el ministro de Seguridad, Sergio Berni, entre Capital y el conurbano bonaerense hay una venta aproximada de unas 200 mil dosis todos los días. Para que se tome nota del volúmen del negocio, a un promedio de $1.500  que se paga por cada dosis, estamos hablando de una recaudación de 300 millones de pesos por día.

Este no es un flagelo de hoy. Hace décadas que muchos intendentes bonaerenses guardan silencio sobre los lugares donde se encuentran las cuevas narcos y sus laboratorios.Algunos se justifican señalando que ellos no pueden actuar porque «es un negocio que maneja la policía, junto con el juego clandestin y la prostitución» .Otros directamente hacen la vista gorda, como lo hizo hace unos meses el jefe comunal de José C.Paz, Marrio Ishii, paradójicamente el distrito donde se ocultaba el «Paisa».

Conviene recordar el escándalo que se desató cuando  se viralizó en redes sociales un video en el que se escucha al intendente decirles a un grupo de trabajadores que “cuando se mandan unas cagadas (sic) que venden falopa, yo los tengo que cubrir”.

El propio Mario Ishii reconoció la autenticidad del video, pero aseguró que hablaba de psicofármacos, como el Rivotril. Los trabajadores reclamaban por un cambio en el régimen laboral, que los obliga a trabajar 12 horas los 7 días de la semana. No es la primera vez que el intendente de José C. Paz se ve envuelto en una polémica ligada a las drogas.

En 1998 el ex intendente de La Matanza, Héctor Cozzi me confesó que  en las villas ya no podían operar los punteros peronistas porque habían sido copadas por los capo narcos que se hacían cargo de las carencias sociales de los habitantes, a cambio de que los cubran en la operatoria de comercialización. Y con el paso del tiempo, estas mafias se convirtieron en pymes, dando nacimiento a lo que hoy se llama los soldaditos de la droga.

Según especialistas y organizaciones civiles, niños y adolescentes son reclutados cada vez con más insistencia por las bandas criminales y usados como «carne de cañón» para toda clase de trabajos dentro de la jerarquía de estas organizaciones.

El escritor y periodista Javier Valdez, asesinado en 2017, publicó en 2015 un libro llamado «Los huérfanos del narco», donde calculó que la «expectativa de vida» de un niño atraído a los brazos de las bandas criminales «bajo la promesa de dinero o amenazas», es de apenas dos o tres años.

El narcotráfico seduce a niños y adolescentes mediante el dinero, los autos de lujo, las mujeres y el poder para reclutarlos en labores de sicario, de halcón, en narco-laboratorios o siembra de droga», señaló.

En la provincia de Buenos Aires el 3,2% de los delitos son cometidos por menores de edad. En total se abrieron 26.026 expedientes. La cifra surge del último relevamiento difundido por la Procuración General y que involucra al 100% de los expedientes abiertos en 2017. Para el año 2018 se mantiene una proyección similar.

De esa cifra, 1.344 causas fueron iniciadas por infracción a la ley de drogas (la 23.737). Esto es casi el 2%. En la mayoría de esos casos, los jóvenes fueron «captados» por bandas narcos para hacer las veces de «soldaditos» o «satélites» en los sectores de las villas donde se realizan las ventas como los zigzagueantes pasillos de barrios como la villa 1-11-14, en el Bajo Flores; Villa La Rana, en Quilmes o Puerta de Hierro, en La Matanza.

En este último barrio bonaerense, arrasado por el «paco», y tomado por pequeñas organizaciones narcos, viven unas 700 familias.

Otra de las grandes carencias del Estado es no haber implementado durante décadas una política masiva de rehabilitación gratuita y cercana para contener a los adictos. En general las madres no saben a dónde recurrir porque los lugares son escasos y habitualmente se encuentran desbordados.

Hay que decir a tambor batiente que en nuestro país no se hace prevención, porque no es redituable políticamente en el corto plazo.

A criterio de los especialistas, los adictos y sus familias carecen de una red de contención, prevención ni tratamiento adecuado para intentar, al menos, mermar parcialmente los efectos devastadores del abuso de sustancias psicoactivas.

Actualmente hay cientos de familias destruidas, sin herramientas ni recursos para ayudar al enfermo. Este verdadero viacrucis hace que se desintegran emocional y económicamente en un espiral de desesperación que potencia la ausencia del Estado, aferrado a una Ley de Salud Mental que tiene de todo menos criterio clínico. Una ley que los revictimiza y los abandona porque no “entiende” cómo ayudar a los adictos.

El Papa Francisco en su momento alertó  sobre el peligro de que la Argentina se “mexicanice”, es decir que adquiera hábitos delictivos y padezca las  consecuencias del avance del crimen organizado como aquel país, causó  gran impacto en la sociedad.

Sus afirmaciones se potenciaron cuando él mismo advirtió que en el país no solo ha aumentado el tráfico, sino también el consumo de estupefacientes y la producción local de drogas ilegales. La reacción del Gobierno fue una vez más negar la realidad y minimizar la problemática, a pesar de lo difícil que es sostener este relato cuando Rosario ya tiene una tasa promedio cercana a un homicidio intencional diario, que la ubica entre las 50 ciudades más violentas del mundo.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, derribó durante su gestión más de 150 y realizó más de 113 mil procedimientos contra el narcotráfico, 43% más que en la gestión anterior, y más de 23 mil allanamientos.

Desde que asumió Kicillof no se ve que su gobierno tenga una política agresiva con el narcotráfico.¿No será hora de tomar cartas en el asunto, señor gobernador. El caso de la cocaína envenenada exige actuar antes de que sea demasiado tarde.

La ausencia del Estado en esa geografía pobre y llena de carencias del conurbano es aún más grave que la simple connivencia, o que un criterio de consentir ideológicamente el consumo social de drogas. Es el abandono de la soberanía en toda su dimensión, porque significa la entrega en bandeja de la gente que vive allí a estructuras mafiosas transnacionales que se rigen por sus propias reglas, lo más parecido a ley de la selva. Pero lo más trágico, es que en el país se  está cayendo en la naturalización del consumo.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró «personalidad destacada en el periodismo».