El absoluto mutismo que domina los pasillos de la Cancillería frente a las insistentes arremetidas del embajador norteamericano, Peter Lamelas, comenzó a generar un malestar que va en aumento. El diplomático extranjero viene ejerciendo una marcada intromisión hacia las compañías locales que mantienen vínculos operativos con la firma tecnológica china Huawei, llegando al extremo de advertir con la quita de visados a directivos de una cooperativa neuquina. Pese a que el Poder Legislativo citó al representante estadounidense para pedir explicaciones, desde el Palacio San Martín no hubo reacción alguna.
Tras bambalinas se señala que la inacción de Pablo Quirno responde a directivas expresas de Karina Milei, encaminadas a no desautorizar el accionar de Lamelas. Esta pasividad estatal despierta desconcierto entre referentes del sector empresarial, quienes observan con asombro cómo un representante del exterior dicta reglas en territorio nacional sin que el Gobierno imponga un límite institucional. En medio de este escenario, incluso voces provinciales como las de Ignacio Torres salieron a remarcar el derecho autónomo de las provincias a comerciar y asociarse con inversiones orientales.
El trasfondo expone una evidente contradicción en las filas del propio Gabinete nacional. Mientras desde la cúpula oficialista se despliega un discurso alineado con la Casa Blanca y crítico hacia Beijing, la sostenibilidad del plan económico sigue respaldándose en la renovación del tramo del swap por unos 20.000 millones de dólares con el Banco Popular de China. Esta dependencia financiera contrasta con la pasividad gubernamental, dejando al descubierto los costos geopolíticos de un alineamiento automático que deja desprotegidas a las firmas locales.