El acceso a financiamiento de gran envergadura ha generado una fuerte controversia en el entorno del Palacio de Hacienda. Recientemente se ha dado a conocer que dos colaboradores estrechos de Luis Caputo, identificados como Felipe Núñez y Federico Furiase, lograron obtener préstamos que superan los 800 millones de pesos a través del Banco Nación. Esta situación ha despertado suspicacias debido a la magnitud de los montos otorgados y a la celeridad con la que figuras directamente vinculadas a la gestión económica actual han sido beneficiadas por la entidad estatal, en un contexto donde el crédito hipotecario para el ciudadano común suele enfrentar barreras mucho más rigurosas.
La lista de beneficiarios con vínculos políticos no se limita exclusivamente a los asesores directos del ministro. También se ha reportado que otros integrantes del espacio oficialista, como el funcionario de comunicación Juan Pablo Carreira (conocido en redes sociales como Juan Doe) y los legisladores Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, han accedido a líneas crediticias de alto valor. Para muchos observadores, la coincidencia de estos otorgamientos con sus cargos públicos o su cercanía a las esferas de decisión sugiere una ventaja competitiva que dista de la transparencia prometida en el manejo de los recursos de la banca pública.
Incluso figuras del ámbito intelectual ligado al oficialismo, como Alejandro Bongiovanni, aparecen en los registros de la entidad con créditos que ascienden a los 255 millones de pesos. Mientras la administración defiende la reactivación del mercado hipotecario como un logro de gestión, las críticas se centran en que el grueso del financiamiento parece concentrarse en un círculo privilegiado de funcionarios y aliados. Esta disparidad en el acceso al crédito ha puesto bajo la lupa la objetividad del Banco Nación, alimentando un debate sobre si estas adjudicaciones responden a criterios técnicos o a la proximidad con el poder político de turno.