La iniciativa oficial denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, girada al Congreso por el Poder Ejecutivo, encendió las alarmas de diversos juristas por las restricciones que impondría a las libertades individuales. El punto en conflicto se concentra en la redacción de los artículos que buscan castigar la difusión de datos falsos o la influencia externa. Bajo el argumento de proteger los intereses del país alrededor de la causa Malvinas, la normativa contempla castigos que van desde los cinco hasta los veinte años de cárcel para quienes incurran en maniobras catalogadas como desinformación masiva.
Diversos constitucionalistas expresaron su inquietud ante lo que consideran un grave retroceso institucional. Andrés Gil Domínguez alertó sobre el impacto negativo que genera una medida de este calibre, al remarcar que «es un tipo penal abierto, indeterminado, que va en contra de lo que es el principio de legalidad penal». Según su mirada, la dureza de las penas impuestas genera un «efecto intimidante» que condiciona de antemano el trabajo periodístico y la postura de la oposición, derivando en una forma indirecta de censura previa.
Por su parte, el abogado Félix Lonigro coincidió en la gravedad del asunto y puso el foco en la ambigüedad de los criterios para juzgar qué contenido se considera engañoso. «¿A quién se pretende castigar? A los que de pronto, con algún tipo de información o simplemente el que critica, dando datos que al Gobierno le parece que desinforman», cuestionó el letrado. En tanto, el especialista Diego Armesto objetó las facultades discrecionales asignadas al Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por Javier Milei, advirtiendo que calificar una simple opinión como una «amenaza» otorga un poder sumamente peligroso al Ejecutivo.
Frente a las duras críticas, voceros del área oficialista intentaron bajar la tensión argumentando que las sanciones solo están dirigidas a operaciones concretas financiadas por potencias o entidades extranjeras. De acuerdo con la postura del gobierno, la intención del proyecto no es coartar la tarea de la prensa, sino frenar campañas encubiertas que pretendan alterar la opinión pública o los procesos electorales en el país.