Una auditoría realizada durante el anterior gobierno reveló un faltante de fondos millonarios en Vialidad Nacional entre los años 2017 y 2019. Se trata de 1300 millones de pesos de aquel entonces, que hoy equivaldrían a más de 50 mil millones, destinados a obras de seguridad vial que nunca se concretaron. Las sospechas apuntan a que este dinero habría sido utilizado para financiar la campaña a intendente de Javier Iguacel en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires.
Lo llamativo del caso es la lentitud con la que avanza la investigación judicial. A pesar de las pruebas y las denuncias presentadas, el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita no han logrado avances significativos en la causa. Esto genera fuertes críticas desde sectores políticos, que cuestionan la inacción de los mismos magistrados que impulsaron causas contra opositores.
Según se desprende de la investigación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial transfirió los fondos a Vialidad para la realización de obras en cinco rutas nacionales: la 5, 7, 8, 22 y 34. Estas obras incluían la instalación de líneas vibrosonoras, tachas reflectivas, señalización con luces LED y cartelería inteligente. Sin embargo, la realidad fue otra: las obras no se realizaron o se hicieron de manera deficiente.
Un informe de la Asociación Argentina de Carreteras confirmó la inexistencia de las obras pautadas. Luis Goldín, ex director de jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, elaboró un informe que documenta las irregularidades y las respuestas negativas de las empresas que debían realizar los trabajos. «La plata se giró, pero no se sabe a dónde fue», afirmó Goldín. Mientras tanto, Iguacel, uno de los apuntados, se convirtió en empresario petrolero tras su paso por la función pública.