El Senado se prepara para reactivar la ley que declara la emergencia en discapacidad, rechazando con una mayoría de dos tercios el veto que el Ejecutivo aplicó a la norma aprobada en julio pasado. Esta situación, poco común en las últimas dos décadas, refleja una fuerte unidad opositora que incluye kirchneristas, radicales, peronistas disidentes y sectores macristas y provinciales.
La sesión, presidida por Bartolomé Abdala debido a la ausencia de Javier Milei, quien se encuentra en el exterior, también abordará una reforma a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La propuesta busca hacer más restrictivo el uso de estos decretos, estableciendo un plazo máximo de 90 días para su aprobación por parte del Congreso y requiriendo que cada decreto trate un solo tema específico. Esta modificación, que aún debe ser ratificada por Diputados, podría limitar la capacidad del Ejecutivo para legislar por decreto, lo que representa un desafío para la Casa Rosada.
La ley de emergencia en discapacidad que se reactivará extiende su vigencia hasta diciembre de 2027 y contempla la actualización de pensiones no contributivas y compensaciones económicas, entre otros beneficios. La oposición también aprovechará la sesión para presentar numerosas objeciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en respuesta a su pedido de allanamientos a periodistas y medios, aunque descartaron incluir interpelaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Este escenario refleja un momento de tensión política donde el Senado se convierte en un espacio clave para definir el rumbo de políticas sociales y el control del poder ejecutivo, en un contexto de fuerte confrontación entre el Gobierno y la oposición.