Las recientes renuncias de Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec, y Georgina Giglio, directora del Índice de Precios al Consumidor, han reavivado las sospechas sobre la manipulación de datos en el organismo, evocando recuerdos de la era kirchnerista. Estas salidas han generado un clima de incertidumbre en torno a la veracidad de las estadísticas oficiales, especialmente en un contexto donde la inflación y la pobreza son temas críticos para la población.
Manzano, quien había sido una figura clave en la implementación de una nueva metodología para medir la pobreza, dejó su puesto en medio de versiones que sugieren que los datos podrían estar siendo manipulados para favorecer la narrativa del gobierno de Javier Milei. La decisión de congelar la actualización de los índices de pobreza e inflación ha sido interpretada como un intento de evitar que cifras desfavorables afecten el relato electoral del oficialismo. En este sentido, la falta de explicaciones claras por parte del Indec tras estas renuncias ha alimentado aún más las dudas sobre la integridad de sus datos.
La situación se complica con el hecho de que la mayoría de la población no confía en las cifras que presenta el Indec. Encuestas recientes indican que muchos argentinos consideran que los números oficiales no reflejan la realidad de la inflación, lo que pone en tela de juicio la credibilidad del organismo. Marco Lavagna, a cargo del Indec, ha tenido que defender públicamente las estadísticas, pero su gestión se ve empañada por la desconfianza y la percepción de que el organismo podría estar manipulando datos, similar a lo que ocurrió durante el gobierno anterior.
La renuncia de estos funcionarios clave es un indicativo de la crisis que enfrenta el Indec y plantea serias interrogantes sobre la capacidad del gobierno para manejar la información económica de manera transparente. Mientras el país se enfrenta a desafíos económicos significativos, la credibilidad de las estadísticas se vuelve crucial para la toma de decisiones y la confianza pública.