Personas con discapacidad del norte de Santa Fe se ven obligadas a recorrer más de 150 kilómetros para someterse a auditorías dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta medida, que dificulta enormemente la vida de quienes ya enfrentan serias limitaciones, ha generado indignación y preocupación en la región.
La decisión de Nación de no habilitar centros de salud locales para realizar las auditorías obliga a los discapacitados a trasladarse hasta Reconquista, la ciudad con la sede del PAMI más cercana. Esta situación afecta especialmente a los habitantes de localidades más alejadas, como Florencia, quienes deben recorrer 160 kilómetros para cumplir con el trámite.
Ante esta situación, los intendentes y jefes comunales de la zona han manifestado su temor de que muchos discapacitados pierdan sus pensiones por no poder asistir a las auditorías. Para evitarlo, están organizando traslados en combis, aunque la incertidumbre y la angustia persisten.
Este nuevo atropello se suma a la larga lista de medidas que perjudican a los sectores más vulnerables de la sociedad. Mientras el gobierno nacional sigue recortando fondos y desmantelando programas sociales, los discapacitados del norte de Santa Fe deben enfrentar obstáculos cada vez mayores para acceder a sus derechos.