Seguirán con la fórmula desactualizada «para mayor transparencia» y hasta que la inflación les de «cero».
La reciente salida de Marco Lavagna de la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha coincidido con una decisión gubernamental de mantener sin cambios la metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de enero. Esta determinación, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y respaldada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha generado un intenso debate entre los expertos, quienes esperaban la implementación de una fórmula actualizada que reflejara patrones de consumo más recientes.
El gobierno ha justificado la postergación del cambio, que estaba previsto para este mes, argumentando la necesidad de preservar la transparencia y evitar interpretaciones erróneas. Según Adorni, la instrucción del presidente fue clara: «No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa el que nosotros estamos falseando los datos de inflación.» El funcionario añadió que la nueva canasta de medición «se va a cambiar cuando la inflación sea cero,» buscando así asegurar la comparabilidad de los datos y evitar especulaciones mediáticas. Esta postura contrasta con la visión del ex titular del INDEC, quien, según fuentes cercanas, prefería implementar la actualización de inmediato, lo que habría contribuido a las «diferencias de larga data» que culminaron en su renuncia.
«No era justo en términos de transparencia hacia la gente cambiar hoy la canasta de medición. Esa canasta se va a cambiar cuando la inflación sea cero”, afirmó Adorni.
La metodología que se pospuso implicaba la adopción de una canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004. Este ajuste técnico habría otorgado un peso significativamente mayor a los servicios (como vivienda, transporte y comunicaciones) y menor a los alimentos y bebidas. Si bien el Banco Central había destacado previamente que la nueva fórmula mejoraría la representatividad del índice, algunos economistas privados, como Martín Rozada de la Universidad Di Tella, estimaron que, de haberse aplicado en 2025, la inflación anual habría sido 2.1 puntos porcentuales más alta que la cifra oficial.
La decisión ha sido recibida con escepticismo por parte de algunos analistas. Sebastian Menescaldi, director de Eco Go, advirtió sobre la «pérdida de credibilidad» que puede generar cualquier modificación inesperada en las estadísticas públicas, recordando experiencias pasadas. Otros, como Fausto Spotorno, sugirieron que una solución para evitar suspicacias hubiera sido publicar ambos indicadores en paralelo. La postergación, que el ministro Caputo admitió busca «esperar que avance el proceso de desinflación,» deja en evidencia la delicada balanza entre la percepción pública de las cifras económicas y la necesidad de contar con herramientas estadísticas actualizadas.