El escenario político de Bariloche se prepara para una transformación de fondo con la convocatoria a reformar la Carta Orgánica municipal. Las elecciones para designar a los quince convencionales encargados de debatir las modificaciones normativas se llevarán a cabo en el transcurso de la primavera, un momento del año elegido con la expectativa de encontrar un clima social más ameno entre los residentes. Esta revisión constitucional, que según la normativa local debe realizarse cada dos décadas, no ocurría en la ciudad desde hace casi veinte años y representa una jugada estratégica clave impulsada por el Ejecutivo local.
Detrás de este movimiento institucional asoma un viejo anhelo que sintoniza con los intereses de Alberto Weretilneck, quien mantiene una alianza táctica con la conducción comunal. El eje central de la discusión pasa por modificar la condición del Cerro Catedral, un área actualmente blindada por la legislación vigente que la cataloga como un bien inalienable del patrimonio público. Al remover este impedimento legal, se abriría el camino definitivo para avanzar con el desarrollo inmobiliario y el loteo de las tierras de la montaña, un plan largamente codiciado por sectores empresariales.
Aunque la cara visible del proyecto está vinculada a la firma que actualmente maneja la concesión de los medios de elevación a través de la familia Trappa, en los despachos políticos de la región es un secreto a voces que el verdadero sustento financiero provendría de fondos de inversión radicados en Qatar. El avance de esta iniciativa parece tener el camino despejado debido al complejo escenario que atraviesa la oposición, la cual llega a este proceso electoral atomizada en una decena de sellos partidarios y sin una estrategia unificada para frenar la privatización del emblemático espacio turístico.