El Gobierno de Javier Milei, decidido a vetar las leyes que incrementan las jubilaciones, incorporan la moratoria y declaran la emergencia en discapacidad, busca alternativas para evitar que el Congreso revierta su decisión. En este contexto, el Ejecutivo analiza un esquema para «persuadir» a algunos gobernadores, ofreciéndoles un «gesto político» a cambio de su apoyo para sostener los vetos.
La estrategia, que se discute en una mesa tripartita integrada por Presidencia, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, contempla una mayor transferencia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que suelen utilizarse de manera discrecional para asistir a las provincias en situaciones de emergencia o desequilibrios financieros.
Sin embargo, varios gobernadores, incluso entre los más aliados, relativizan la medida, considerándola insuficiente. Los mandatarios provinciales tienen a un paso la aprobación en Diputados de un proyecto que coparticiparía de forma automática y diaria el Fondo de ATN, integrándolo plenamente a la masa de fondos coparticipables.
Cerca del Presidente evalúan no vetar esta iniciativa consensuada, aunque si Milei la rechazara, los gobernadores tendrían los votos suficientes para insistir sin que el oficialismo pueda hacer mucho al respecto. En este contexto, el Gobierno se enfrenta al desafío de sostener los vetos, buscando el apoyo de los gobernadores a través de un esquema de fondos discrecionales que, sin embargo, genera escepticismo en las provincias.
El propio Milei ha calificado de «genocidas» a quienes no acompañen el veto, en un intento por presionar a los legisladores y gobernadores. La Libertad Avanza, con 39 bancas en Diputados, estima contar con entre 72 y 86 votos para respaldar los vetos, por lo que el apoyo de algunos gobernadores se considera clave para alcanzar el número necesario.