Marta Pascual decidió congelar por dos meses la aplicación del nuevo esquema penal para menores en la provincia de Buenos Aires mediante una medida cautelar. La resolución generó fuertes repercusiones dentro del ámbito judicial y político, trayendo a la luz la postura ideológica que la magistrada sostiene respecto al castigo en menores de edad y el encarcelamiento de los mismos.
Más allá del argumento formal centrado en la falta de infraestructura operativa, la visión personal de Marta Pascual refleja un contundente rechazo a las penas de encierro. En encuentros pasados con estudiantes, la jueza rememoró el fallo dictado a un joven que violó a su propia bebé recien nacida hasta su muerte y admitió abiertamente su arrepentimiento tras condenarlo. Según sus propias palabras expresadas en aquel ámbito: “No se les puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena”.
A su vez, la postura garantista de la funcionaria judicial plantea que la privación de la libertad no resuelve los problemas de inseguridad. Para sostener su decisión, remarcó: “No estoy de acuerdo con el encierro que impone esta ley”. En esa misma línea argumental, la magistrada propuso la aplicación de medidas de justicia restaurativa antes que el castigo penal tradicional, expresando: “A homicidio, rejas. Robo de celular, tratamiento con los Hogares de Cristo”.
La resolución por 60 días frenó la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años en territorio bonaerense y motivó denuncias por abuso de autoridad contra Marta Pascual. Su accionar dejó al descubierto una marcada resistencia ideológica para aplicar penas efectivas a adolescentes imputados por delitos graves, priorizando enfoques laxos por sobre el cumplimiento estricto de la norma aprobada por el Congreso.