Las repercusiones por la situación judicial de Cristina Kirchner sumaron un capítulo central tras la sorpresiva propuesta que Miguel Ángel Pichetto lanzó en el ámbito legislativo. El referente parlamentario planteó abiertamente que el Congreso de la Nación debería dictar una ley de amnistía general para dejar sin efecto las condenas penales por delitos de corrupción que pesan sobre exfuncionarios y expresidentes, una iniciativa que apunta a «reparar anomalías» que, según su visión, afectaron el normal funcionamiento de las instituciones y profundizaron las divisiones en la sociedad.
La postura del legislador se apoya en la necesidad de encontrar una salida política a un conflicto que considera netamente institucional. En sus declaraciones, argumentó que las sentencias dictadas en los últimos años, incluyendo la ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exmandataria en la denominada Causa Vialidad, forman parte de un esquema de persecución que termina debilitando el sistema democrático. Para fundamentar el proyecto, insistió en que el Parlamento cuenta con las facultades constitucionales necesarias para instrumentar este tipo de medidas excepcionales cuando el panorama social lo requiere.
El planteo generó un fuerte impacto y promete reconfigurar las discusiones en las distintas bancadas, en un momento donde las principales fuerzas reacomodan sus estrategias. Mientras los sectores más cercanos al kirchnerismo ven con buenos ojos una herramienta que limpie el horizonte judicial de su jefa política, los bloques alineados con el oficialismo y los sectores duros de la oposición ya empezaron a manifestar su rechazo rotundo, advirtiendo que una amnistía de estas características consagraría la impunidad para los delitos contra la administración pública.