La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo determinante en los tribunales de Comodoro Py. El contratista Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura y responsable de las reformas de la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, se presentó de forma espontánea ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para aportar un contundente volumen de pruebas que respaldan sus declaraciones previas.
A través de la entrega de facturas, remitos, fotografías, videos del «antes y después» y un extenso registro de conversaciones de WhatsApp, el constructor ratificó que el valor total de las remodelaciones ascendió a 245.000 dólares. El avance de la causa sumó además un gasto complementario de 10.000 dólares en concepto de amoblamientos a medida, elevando la estimación de los pagos a unos 255.000 dólares. Ante la Justicia, Tabar detalló que la totalidad de los desembolsos se efectuaron en dólares billete y en efectivo, señalando que era el propio ministro coordinador quien le entregaba el dinero de manera personal.
La presentación del contratista operó como una respuesta directa a las descalificaciones del oficialismo. Luego de que el presidente Javier Milei lo tildara de «militante kirchnerista» y «mentiroso», Tabar decidió recopilar todo el soporte digital y documental de la obra para convalidar judicialmente su versión. En sus declaraciones públicas, el arquitecto reconoció que las transacciones se manejaron informalmente («parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo», expresó), argumentando que el contexto económico de los últimos años empujaba a pactar presupuestos en moneda extranjera para garantizar la estabilidad de los costos.
El expediente, que busca esclarecer el origen de los fondos y la falta de coincidencia con las declaraciones juradas del funcionario, acumula otras derivaciones complejas. A los testimonios sobre las refacciones de la propiedad en Exaltación de la Cruz se incorporó la declaración del propietario de una vivienda lindera, quien confirmó que Adorni le pagó 21.000 dólares en efectivo por 15 meses de alquiler mientras se ejecutaban las obras. Paralelamente, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del entorno familiar del jefe de Gabinete e investiga movimientos no declarados con criptoactivos, lo que acrecienta la presión judicial sobre una de las figuras centrales del Poder Ejecutivo.