Un grupo de reconocidas ONG han puesto la voz de alarma sobre los continuos atropellos contra derechos fundamentales que se estarían cometiendo en El Salvador durante los últimos meses. Las cifras recopiladas en un novedoso sistema de monitoreo arrojan preocupantes estadísticas.
Según los datos presentados por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entre enero y abril de 2024 se han registrado 31 casos de vulneraciones a distintos derechos humanos en el país centroamericano. La gran mayoría, un 61,3%, corresponden a violaciones a la libertad de expresión.
«Los periodistas representan el grupo más afectado con un 58,1% de los casos reportados», señaló un portavoz de FESPAD. Los funcionarios públicos aparecen como los principales agresores con un alarmante 51,6% de las denuncias.
Asimismo, un 22,6% de los casos reflejan restricciones a la libertad de asociación, mientras que un 16,1% se relacionan con el derecho a la reunión pacífica. Las organizaciones de la sociedad civil (12,4%), sindicalistas (9,7%), partidos políticos (9,7%) y defensores de DD.HH. (6,5%) también han sido blanco de acciones represivas según los hallazgos.
«Hemos identificado barreras sistemáticas al ejercicio de derechos y libertades fundamentales, como la supresión de espacios de diálogo, obstrucción laboral periodística, criminalización de ONG y defensores», denunció la fuente consultada.
Las alarmantes cifras fueron dadas a conocer a días de que el presidente reelecto Nayib Bukele, cuyo nuevo mandato es visto como inconstitucional por sectores opositores, asuma un polémico segundo periodo consecutivo.
Los organismos presentadores como FESPAD, el Servicio Social Pasionista y la Asociación de Periodistas urgieron al Estado a tomar medidas inmediatas que garanticen el pleno respeto de libertades básicas para toda la ciudadanía salvadoreña.