La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete sigue sumando capítulos de alta tensión. Lejos de soltarle la mano en público, Javier Milei salió a respaldar de forma tajante a su excolaborador y aseguró: «Sigo confiando en la inocencia de Adorni». El jefe de Estado buscó bajarle el tono a las sospechas de corrupción que envuelven al exfuncionario, enmarcando la situación en una presunta campaña de desprestigio y dejando en claro que mantiene una relación de afecto personal con él a pesar del portazo.
Sin embargo, detrás de las declaraciones de apoyo, la realidad en los pasillos oficiales muestra un panorama mucho más complejo. La decisión de apurar el desplazamiento del dirigente se precipitó cuando el entorno presidencial tomó conocimiento de una serie de elementos probatorios de origen judicial. Entre los materiales que encendieron las alarmas de la mesa chica gubernamental se destacan registros de audio muy comprometedores y planillas con movimientos de fondos que volvían insostenible la permanencia del vocero reconvertido en ministro, sobre todo ante el riesgo inminente de una denuncia penal formal.
El propio entorno legal del Ejecutivo evaluó el impacto de la documentación y concluyó que el frente judicial era inminente, lo que obligó a activar un plan de contención de daños. Aunque en los micrófonos se intente instalar una narrativa de salida ordenada y de mutuo acuerdo basada en la confianza política, la filtración de las pruebas aceleró los tiempos de una purga interna que el Gobierno buscaba evitar para no mostrar fisuras en su estructura de poder.