La normativa dispuesta para poner en marcha los créditos para la vivienda generó chispazos en el sector bancario tras el llamado a subasta de fondos oficiales de Anses. Durante la convocatoria coordinada por el Banco Central, dieciocho entidades presentaron ofertas por más de 258.000 millones de pesos, pero el Banco Provincia no pudo sumar su propuesta debido a una exigencia fijada en las bases del procedimiento.
El impedimento se originó por una condición que veta la participación de aquellas entidades sometidas a esquemas de regularización y saneamiento financiero. Desde la banca bonaerense señalan que la solicitud para dar por concluido ese proceso fue presentada al ente monetario hace dos años tras completar las metas requeridas, aunque la resolución formal continúa demorada. Frente a este escenario, distintas miradas de la industria sugieren que el bloqueo responde más a disputas de índole política que a motivos estrictamente técnicos.
El esquema impulsado por Luis Caputo procura canalizar hasta 2 billones de pesos mediante licitaciones periódicas para estirar los plazos de fondeo de las entidades y facilitar la colocación de hipotecas a 20 o 30 años. En este primer turno se asignaron 200.000 millones de pesos a trece participantes, divididos en tramos a doce meses y a cinco años con rendimiento UVA más un margen adicional. El plazo para volcar este dinero a las familias vence el próximo 1° de diciembre.
La imposibilidad de ofertar afectó los planes del banco conducido por las autoridades provinciales, que recientemente había vuelto a apostar a los préstamos ajustados por inflación para la edificación de hogares. Los recursos contemplados en el programa gubernamental buscan atender a sectores de ingresos medios con un tope equivalente a 150.000 UVA por operación, por lo que la marginación de uno de los actores con mayor presencia territorial limita el alcance proyectado de la iniciativa.