El Gobierno anuló las contrataciones del último año y revisa la planta de empleados estatales. Esta medida ha generado malestar sindical y ha recibido la adhesión del bloque piquetero de cara a una marcha que se llevará a cabo este miércoles. Javier Milei, el presidente del país, ha confirmado que está dispuesto a avanzar con sus reformas en todos los rubros. Milei ha defendido su decreto de necesidad y urgencia de «desregulación» de la economía y ha anunciado que revisará los empleados contratados por el gobierno en 2023 y evaluará los contratos existentes durante tres meses.
Desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre, Milei ha impulsado una serie de medidas con el lema de «No hay plata». Estas incluyen la restitución del impuesto a las Ganancias, una profunda reforma laboral y la inspección y descentralización de los planes sociales. El presidente está dispuesto a pagar el costo político necesario para llevar a cabo su plan de ajuste, a pesar de las posibles consecuencias sociales que esto pueda tener. Aunque el proyecto libertario de Milei ha ganado popularidad, aún enfrenta desafíos en el ámbito parlamentario y existe incertidumbre en el peronismo sobre el liderazgo y la profundidad de las reformas propuestas.
En relación a la contratación de personal, el Gobierno planeaba publicar un decreto que contemplaba la caída de todos los contratados desde el 1 de enero de 2023, así como la revisión de los empleados que ingresaron antes de esa fecha. La medida implicaría que estos empleados solo podrían ser renovados por 90 días y requerirían una justificación para su continuidad. Aproximadamente 7,000 empleados serían cesanteados automáticamente, mientras que varios miles más estarían bajo observación.
La CGT y el bloque de Unidad Piquetera se sumarán a las protestas contra las reformas de Milei. Los movimientos sociales también están en alerta, ya que el Ministerio de Capital Humano está analizando los planes y alimentos enviados a los comedores, así como la descentralización del programa Potenciar Trabajo. Esta situación ha generado tensiones y disputas en el gobierno de Milei.