La tensión escaló en Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro cortara los servicios básicos a la Embajada Argentina, donde se refugian seis dirigentes opositores. En un intento por descomprimir el conflicto, el enviado especial de Lula da Silva, Celso Amorim, inició gestiones para lograr su salida segura del país.
Las imágenes de encapuchados rodeando la sede diplomática encendieron las alarmas en el Gobierno argentino. A través de un comunicado, la Cancillería condenó el «hostigamiento» y advirtió a Maduro sobre su obligación de garantizar la inviolabilidad de la Embajada, según los tratados internacionales.
«Hacemos responsable al régimen del asedio y de cualquier cosa que pueda ocurrirnos», denunció Pedro Urruchurtu, uno de los asilados, luego de que funcionarios venezolanos cortaran la luz y el agua a la residencia.
Según trascendió, la administración de Milei negocia con Caracas un salvoconducto que permita el traslado de los opositores a otro país o a una sede diplomática diferente. El plazo de 72 horas dado a los funcionarios argentinos para abandonar Venezuela generó una carrera contrarreloj.
«Es una situación muy delicada. Buscamos una salida negociada junto a Brasil para preservar la integridad de nuestros connacionales y de quienes se encuentran asilados», confirmaron fuentes de Cancillería.