Ante la inacción del gobierno bonaerense para controlar lo que ocurre dentro de los pabellones penitenciarios, la gestión nacional decidió dar un paso al frente para frenar los delitos que se organizan tras las rejas. Mediante la Resolución 806/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad creó el Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios, abriendo la puerta para que las provincias se sumen a un esquema unificado de neutralización tecnológica.
La medida impulsada por la administración central busca cubrir el vacío en materia de seguridad que afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires, donde el uso de dispositivos móviles dentro de los penales se convirtió en una herramienta cotidiana para cometer estafas, extorsiones y organizar maniobras delictivas en la vía pública. El protocolo dispuesto establece que la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva actuará como canal único ante las empresas telefónicas para exigir la inhabilitación inmediata del código de identidad del aparato (IMEI), la tarjeta SIM (IMSI) y la línea vinculada.
Cada jurisdicción que decida adherir a este convenio federal deberá hacerse cargo del equipamiento técnico, la supervisión interna y la detección diaria de los aparatos activos en zonas restringidas, subiendo los reportes a un servidor seguro. Ante la falta de iniciativa de la gestión de Axel Kicillof para resolver un problema sensible que golpea de lleno a los vecinos del conurbano y del interior bonaerense, la Casa Rosada busca forzar una solución de fondo que impida a los reclusos mantener comunicaciones ilegales con el exterior, amparándose en la prohibición que ya marca la Ley 24.660 de ejecución penal.