El panorama judicial para Sergio Urribarri tuvo una resolución definitiva luego de que el máximo tribunal del país desestimara las últimas apelaciones interpuestas por su defensa. Al quedar ratificada la sentencia de ocho años de reclusión e inhabilitación de por vida para el ejercicio de funciones estatales, el Ministerio Público Fiscal solicitó de manera inmediata el traslado del exmandatario entrerriano a un establecimiento penitenciario para que comience a saldar su pena de forma efectiva.
El fallo de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejó sin margen de maniobra al exembajador, concluyendo un proceso que investigó desvíos de fondos públicos e irregularidades en la contratación de pauta publicitaria. Entre las maniobras acreditadas se detallan el montaje de un parador promocional en la costa atlántica, contrataciones irregulares previa existencia formal de las empresas favorecidas y la difusión de piezas audiovisuales destinadas a apuntalar sus aspiraciones políticas personales con recursos de la provincia.
La medida no solo alcanza a la máxima figura política involucrada, sino también a otros integrantes de su círculo de confianza. Tanto su antiguo colaborador en el área de comunicación, Pedro Báez, como su cuñado Juan Pablo Aguilera —quien actuaba como pieza clave en la red de empresas y testaferros— deberán cumplir condenas de seis años y medio de prisión efectiva, perdiendo la posibilidad de mantener beneficios de arresto domiciliario.
Con este pronunciamiento de última instancia, la causa impulsada en su momento por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche llega a su etapa de ejecución. Tras haber permanecido encarcelado únicamente durante un breve lapso preventivo a fines de 2024, el exfuncionario provincial enfrenta ahora el cumplimiento efectivo de la pena impuesta por los delitos de peculado y negociación incompatible con la administración pública.