Detrás de la insistencia del Poder Ejecutivo por modificar la normativa que limita la compra de terrenos por parte de compradores extranjeros, comenzaban a vislumbrarse jugadas comerciales en la propia tropa libertaria. Joaquín Benegas Lynch, un dirigente de estrecha confianza de Javier Milei, constituyó una sociedad privada enfocada en la intermediación inmobiliaria rural. El objetivo declarado de esta empresa consistía en brindar asesoramiento a capitales internacionales interesados en adquirir hectáreas en el país y encargarse de la gestión de esos campos, un rubro que anticipaba ganancias millonarias en caso de que avanzara la desregulación normativa pretendida por el oficialismo.
Sin embargo, las pretensiones de la Casa Rosada chocaron de frente contra una fuerte resistencia parlamentaria en el Senado. A pesar de los intentos de los operadores del Gobierno por conseguir el cuórum y sostener los votos necesarios, una marcada rebelión de varios gobernadores y senadores aliados echó por tierra la estrategia de la gestión libertaria. La falta de sustento político dejó expuesto un diagnóstico sumamente erróneo sobre los respaldos reales y forzó a las autoridades a retirar por completo el apartado relativo a la ley de tierras antes de quedar expuestos a una durísima derrota en el recinto.
Este freno parlamentario terminó por desactivar, al menos de manera momentánea, la apertura del mercado inmobiliario rural y las expectativas de negocios trazadas a su alrededor. Para el oficialismo, la marcha atrás significó un duro golpe político que expuso la fragilidad de sus acuerdos parlamentarios cuando se intentan discutir temas sensibles vinculados a la soberanía territorial y los recursos de las provincias.