El conflicto laboral desatado en el grupo avícola tuvo una respuesta directa por parte de las autoridades bonaerenses. Tras la decisión de la firma de encarar cesantías masivas que alcanzaron a 1730 personas entre Buenos Aires y Entre Ríos, la administración encabezada por Axel Kicillof dictó la conciliación obligatoria. Esta medida retrotrae la situación y exige sumar nuevamente a 1200 operarios repartidos en los complejos industriales de Capitán Sarmiento, donde hubo 700 cesados; Esteban Echeverría, con 450 afectados; y Pilar, con otros 50.
El periodo dictaminado por la cartera de Trabajo provincial establece un lapso de 15 días hábiles —con opción a prorrogarse por otros cinco— en el cual las partes deberán sentarse a negociar con el personal nuevamente en sus puestos. Durante las primeras audiencias junto a los representantes de las firmas Granja Tres Arroyos y Wade, se acordó la entrega provisional de un anticipo económico y la donación de 1.000 cajones de mercadería para las familias golpeadas por el receso de actividades. El próximo encuentro formal entre la patronal y la dirigencia sindical quedó agendado para el jueves.
Las autoridades de la empresa justificaron el recorte de personal en las dificultades para exportar, los estragos que dejó la gripe aviar y lo que definieron como un exceso de oferta en las góndolas locales. Sin embargo, Julio Chamorro rechazó tajantemente esas excusas y remarcó que las contingencias comerciales forman parte de la responsabilidad empresaria. A su vez, desmintió que la demanda interna haya caído, señalando que las familias se vuelcan al pollo como alternativa frente a los costos de la carne vacuna, y denunció que las bajas buscan abonar montos indemnizatorios reducidos.