El Parlamento de Corea del Sur tomó la decisión de destituir al presidente Yoon Suk Yeol tras un controvertido decreto que intentó implementar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta acción generó una crisis política significativa en el país, llevando a una votación en la Asamblea Nacional donde la moción de juicio político fue aprobada con 204 votos a favor y 85 en contra. Con la entrega oficial del documento de destitución, Yoon queda suspendido de sus funciones mientras el Tribunal Constitucional evalúa si confirma su destitución o restaura sus poderes, un proceso que podría extenderse hasta 180 días.
Durante este tiempo, el primer ministro Han Duck-soo asumirá el cargo de presidente interino. Este no es el primer intento de destitución; una moción anterior había fracasado debido a la falta de apoyo de los legisladores del Partido del Poder del Pueblo, la formación política de Yoon. Sin embargo, el creciente descontento público y las masivas protestas en Seúl, donde decenas de miles de ciudadanos se manifestaron exigiendo su destitución, llevaron a varios legisladores oficialistas a cambiar de postura.
La situación se intensificó cuando Yoon emitió un decreto de ley marcial, el primero en más de cuatro décadas, que solo duró seis horas pero causó un caos político y afectó las actividades diplomáticas y los mercados financieros. Ante la presión, el Parlamento revocó el decreto y Yoon fue acusado de violar la Constitución, lo que provocó un clima de tensión en el país. En su defensa, Yoon rechazó las acusaciones de rebelión, argumentando que su acción era legítima y acusó a la oposición de bloquear el funcionamiento del gobierno.
A medida que la crisis se desarrolla, Yoon enfrenta una investigación por posibles delitos de rebelión y abuso de poder, y su futuro político se encuentra en una encrucijada, con la posibilidad de ser procesado si se confirma su destitución.