El Palacio de Hacienda enfrenta un escenario complejo donde las herramientas de recorte tradicionales parecen haber tocado su techo. En este contexto, mantener las cuentas públicas en orden se volvió una tarea que exige recalcular la estrategia. El propio Luis Caputo admitió recientemente que sostener el balance positivo mediante un achicamiento constante del gasto público es inviable, situando el nivel actual de erogaciones en un 15% del Producto Bruto Interno (PBI). Frente a esta realidad, el equipo económico debió consensuar alternativas con los técnicos del Fondo Monetario Internacional para blindar el superávit financiero pautado.
Una de las principales cartas de negociación que surgió de estas conversaciones con el organismo internacional es la posibilidad de postergar la aplicación de ciertos puntos de la restructuración laboral. De manera concreta, la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral, inicialmente prevista para arrancar a comienzos de junio, sufriría un freno temporal. Esta prórroga, amparada legalmente por una ventana de hasta seis meses, se traduce en un alivio fiscal estimado en el 0,15% del PBI, dado que la implementación de este esquema preveía una detracción de fondos que originalmente robustecen las arcas previsionales administradas por la ANSES.
La hoja de ruta acordada no se limita únicamente a la cuestión laboral. El compromiso asumido contempla un menú de contingencias ante posibles desvíos presupuestarios causados por el peso de los intereses de la deuda o leyes del Congreso que demanden mayores partidas. Entre los mecanismos alternativos para compensar ingresos y asegurar el saldo primario de cara al cierre de año, se incluyeron el reforzamiento de determinados tributos específicos y un esquema mucho más restrictivo y focalizado para la asignación de los subsidios destinados al transporte de pasajeros, con el objetivo puesto en redireccionar el beneficio directo a los usuarios.