El debate por la ingeniería electoral vuelve a ganar centralidad en los despachos oficiales, en medio de un clima político que sigue mostrando fuertes rispideces hacia adentro del propio espacio. La intención del Ejecutivo nacional se concentra en jugar una última carta legislativa para modificar el esquema actual de votación. Si bien la meta original apuntaba a suprimir de cuajo las elecciones primarias, la resistencia y las dudas que asoman en los bloques legislativos obligaron a barajar alternativas intermedias, como la posibilidad de transformar las PASO en una instancia optativa para la ciudadanía.
A pesar de que existe un consenso unificado dentro del gabinete para avanzar en el achique del gasto político, las proyecciones en el Congreso no parecen del todo claras. En base a relevamientos y sondeos que maneja la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la recomendación de máxima es ser prudentes y, eventualmente, posponer la discusión si se constata la escasez de respaldos parlamentarios en ambas cámaras. Desde el oficialismo insisten en que el costo económico de sostener las estructuras de las primarias es injustificado, sobre todo cuando los frentes no tienen internas reales para dirimir.
El camino hacia una reforma exitosa se choca también con el histórico recelo de los gobernadores de las provincias, quienes miran con desconfianza cualquier alteración a las reglas del juego antes de un año electoral. Ante este panorama, los armadores oficialistas no descartan volver a la estrategia de mínima implementada anteriormente, apostando a suspender la obligatoriedad en lugar de ir por la eliminación total, una alternativa que les permitiría abrir canales de negociación directa con la oposición más predispuesta al diálogo.