La principal distribuidora de gas del país determinó el reparto de ganancias acumuladas entre sus socios. Lo llamativo de la medida, aprobada recientemente por los accionistas por un total de 65.000 millones de pesos, es que ocurre en un contexto de altísimo endeudamiento con el propio Estado nacional. La firma mantiene un compromiso de pago vigente con la compañía estatal de energía por una cifra sumamente similar a la que ahora decide distribuir, alcanzando un saldo consolidado de 67.557 millones de pesos por suministros impagos acumulados en años anteriores.
La resolución de girar estos fondos generó inmediatas advertencias regulatorias. Voces especializadas de la actividad explican que, desde una perspectiva técnica y de control, no resulta razonable ni habitual habilitar el cobro de utilidades cuando la prestataria de un servicio público arrastra semejante pasivo con el fisco. De hecho, el convenio de refinanciación vigente contempla que la mitad del rojo se abone mediante un crédito y el resto se liquide en cuotas hasta fines de 2027. Por este motivo, el movimiento de caja es interpretado en despachos oficiales y del mercado como una maniobra apresurada que debió contar con la intervención y el análisis previo de las áreas de supervisión del sector.
En paralelo, esta maniobra financiera coincide con el proceso abierto para concretar la transferencia de la porción accionaria que pertenece a la petrolera de mayoría estatal, un paquete que hoy genera el interés de empresarios de peso como José Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri. Aunque en los papeles se argumentaba que la venta era una exigencia legal ineludible por incompatibilidades normativas, diversos analistas sostienen que la salida responde estrictamente a una definición política y comercial de la conducción de la petrolera, mientras persisten las dudas sobre la conveniencia de convalidar el reparto de utilidades en estas condiciones.