El panorama de los combustibles en el país muestra un desajuste llamativo respecto a nuestros vecinos de la región. Una investigación realizada por el Instituto Argentina Grande (IAG) revela que, desde que estalló el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, las pizarras locales registraron los mayores incrementos de valor en moneda extranjera dentro del grupo de naciones exportadoras de crudo. Mientras que el precio del litro de súper promediaba los 1,12 dólares antes de las hostilidades en Oriente, la cifra escaló hasta los 1,40 dólares, marcando un ajuste del 24,3% que supera por amplio margen los registros de Ecuador, México, Brasil y Colombia.
Esta escalada en los surtidores se da en un contexto particular, ya que la balanza comercial del sector hidrocarburos reportó números sumamente positivos, logrando triplicar el ingreso de divisas y alcanzando un superávit de 1.983 millones de dólares durante abril. Sin embargo, este flujo no alivió el bolsillo de los automovilistas locales, quienes abonan una tarifa un 23% superior a la de Estados Unidos y un 6% por encima de la de Brasil. Según las estimaciones de la entidad, un conductor promedio debió afrontar un desembolso extra de 38.874 pesos mensuales a causa de este fenómeno, acumulando un gasto adicional de 116.600 pesos en el último trimestre.
La explicación detrás de este salto encuentra un argumento de peso en la fuerte recomposición tributaria que llevó adelante la administración de Javier Milei. Los gravámenes específicos sobre las naftas experimentaron un incremento real del 230%, duplicando su participación sobre el valor final en boca de expendio al pasar del 8,89% al 18,54%. Desde el centro de estudios advirtieron sobre el uso de estos fondos, señalando que «este impuesto tiene una asignación específica para infraestructura vial e hídrica entre otras, pero esos recursos no se están usando para su función», y agregaron que la maniobra representa «otra forma de simular un superávit primario asfixiando la obra pública». Con este esquema, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) apenas ejecutó 0,7 billones de pesos de los 1,8 billones que le correspondían legalmente por recaudación.