La infraestructura vial del país atraviesa una situación terminal que amenaza con paralizar el corazón productivo de la región. Actualmente, el deterioro de las calzadas nacionales ha llegado a un punto de no retorno, donde el abandono estatal no solo dificulta el tránsito particular, sino que pone en jaque la logística que sostiene el mercado interno. Mientras los baches y la falta de mantenimiento transforman corredores estratégicos en trampas mortales, el foco del conflicto se desplaza hacia la gestión de los recursos financieros. Existe una creciente indignación porque el dinero que los ciudadanos aportan específicamente para la mejora de estas vías está siendo desviado por el Gobierno Nacional hacia otros fines, dejando la seguridad vial en un segundo plano absoluto.
La voz de alerta ha sido unificada por un grupo de referentes locales y legisladores, quienes observan con preocupación cómo el mal estado de las rutas impide el flujo normal de la producción hacia los puertos y centros de consumo. El reclamo central apunta directamente a Luis Caputo, exigiéndole que los ingresos generados por el impuesto a los combustibles se reinviertan efectivamente en la reparación de la red vial nacional, tal como lo establece la normativa. Se calcula un estimado de 1.165.491 millones. Para los protagonistas de este reclamo, resulta inadmisible que, en medio de una crisis de infraestructura sin precedentes, los fondos recaudados en los surtidores terminen financiando el ajuste fiscal o gastos corrientes en lugar de garantizar la transitabilidad mínima necesaria para el desarrollo económico.
La parálisis de la obra pública ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema, especialmente en zonas donde el transporte de carga es vital. Los intendentes y diputados que encabezan esta movilización subrayan que el mercado interno no puede funcionar sin rutas seguras. El abandono de las tareas de bacheo y repavimentación es visto como una decisión política de desatender lo esencial para priorizar metas financieras de corto plazo. En este contexto, la advertencia es clara: sin una inversión inmediata de los fondos que corresponden por ley, el sistema de transporte nacional se encamina a un colapso que afectará directamente el abastecimiento y la competitividad de todas las provincias argentinas.