Una serie de inspecciones profundas dentro de la estructura prestacional de la obra social de los jubilados dejó al descubierto un complejo entramado de maniobras ilegales ejecutadas por profesionales de la salud en distintos puntos del país. El actual titular del organismo, Esteban Leguízamo, impulsó estos controles que expusieron situaciones insólitas, como la facturación de servicios que superan físicamente el tiempo de atención disponible de los médicos y, más grave aún, la emisión de órdenes electrónicas destinadas a personas que ya habían fallecido. La reacción de las autoridades incluyó desde la suspensión inmediata de los pagos preventivos hasta severas denuncias en el ámbito de la justicia federal.
El foco principal de la investigación judicial se concentró en la provincia de Santa Fe, específicamente en la localidad de Acebal. Allí, un especialista en cardiología identificado como M. G. A. quedó en una posición sumamente comprometida tras un procedimiento de la Policía Federal en sus consultorios y vivienda particular. Los fiscales de la Unidad Fiscal Rosario, coordinados bajo la supervisión de Javier Arzubi Calvo junto a los funcionarios Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, siguen de cerca la pista de un perjuicio económico que trepa a los 700.000.000 de pesos, de los cuales la entidad médica ya llegó a desembolsar unos 580.000.000 de pesos. El profesional justificaba haber atendido a unos 5.000 pacientes de distintas provincias lejanas y haber realizado la desmedida cifra de 50.000 prácticas médicas en un lapso de dos años.
Este esquema de irregularidades no se limitó a un solo territorio. Los auditores cruzaron los datos de las agendas declaradas por los prestadores con los comprobantes que presentaban para cobrar, encontrando desfases insostenibles en Córdoba, Chaco y diversas intendencias bonaerenses como Lanús, San Justo y Quilmes. Los extremos rozan lo absurdo: revisiones previas registraron a un especialista rindiendo 283 prestaciones a casi un centenar de personas en apenas cinco horas de reloj. Desde la conducción de la obra social explicaron detalladamente que «auditar no significa perseguir» y aclararon de manera tajante que estas drásticas bajas aplicadas a los profesionales sospechosos bajo ningún punto de vista van a resentir o interrumpir la continuidad de los tratamientos médicos de los afiliados.