Una posible orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha generado preocupación en el gobierno israelí. Según medios locales, Netanyahu teme que la CPI emita una orden de captura en su contra, así como contra su ministro de Defensa, Joav Galant, y el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi. La CPI solo investiga a individuos y actúa si existen sospechas de crímenes como genocidio, guerra de agresión, crímenes de guerra graves o crímenes contra la humanidad. Actualmente, la CPI investiga presuntos crímenes de guerra israelíes y también a combatientes de Hamás por los mismos delitos.
Sin embargo, es poco probable que la CPI pueda investigar a ciudadanos israelíes, ya que la corte solo puede tomar medidas si los propios Estados no pueden o no quieren procesar los crímenes. Además, Israel no reconoce a la CPI como tribunal y no se espera que abra causas contra los altos mandos del gobierno debido al conflicto armado en curso. Aunque una orden de arresto restringiría la libertad de movimiento internacional de Netanyahu y los demás buscados, es poco probable que sean juzgados en La Haya, ya que la CPI no cuenta con una fuerza policial propia para llevar a cabo los arrestos. Para que esto suceda, los países que son parte de la CPI deben arrestar a las personas buscadas si ingresan a su territorio y luego entregarlas al tribunal.
La posible orden de arresto de la CPI contra Netanyahu no debe confundirse con la acusación de genocidio que algunos Estados han hecho contra Israel. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha recibido denuncias contra Israel debido a las muertes causadas por el conflicto en la Franja de Gaza, pero la CIJ no emite órdenes de arresto y se enfoca en casos entre estados. Aunque la CPI ha reconocido el «peligro de genocidio» en la Franja de Gaza, es probable que el juicio por genocidio continúe durante meses o incluso años.