La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Finocchiaro, que obliga a las escuelas a permanecer abiertas durante los días de paro docente, ha desatado un debate significativo en el ámbito político y educativo. Esta ley, impulsada por el diputado Alejandro Finocchiaro, establece que un porcentaje mínimo de personal docente deberá estar presente en las escuelas durante las huelgas, garantizando así el derecho a la educación de los estudiantes. Sin embargo, lo que hace que esta situación sea aún más interesante es la contradicción en la postura de Finocchiaro, quien hace unos años, siendo ministro de educación provincial, rechazó una propuesta similar presentada por el diputado Guillermo Castello.
La normativa fue aprobada con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, y ahora se enviará al Senado para su consideración. Finocchiaro defendió el proyecto argumentando que se busca regular el derecho de huelga en la educación, señalando que es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta de los docentes y el derecho de los estudiantes a recibir educación. En sus palabras, «ningún derecho de la Constitución es absoluto». Esto contrasta con su rechazo previo a la ley de Castello, que planteaba una medida idéntica y que en ese momento fue desestimada.
Por su parte, Castello utilizó sus redes sociales para criticar la hipocresía de la situación. En un tuit, expresó su sorpresa ante el cambio de postura de Finocchiaro y subrayó que «lo que ayer era inaceptable, hoy es ley». Esta declaración refleja la frustración que muchos sienten ante la inconsistencia en las políticas educativas y la falta de un enfoque coherente en la gestión de los derechos de los trabajadores y de los estudiantes.
El impacto de esta nueva ley se siente en el sector educativo, donde muchos docentes y sindicatos han manifestado su rechazo, argumentando que la medida no solo busca limitar el derecho a huelga, sino que también podría llevar a situaciones de precarización laboral. La discusión se centra ahora en cómo esta legislación afectará la dinámica de las huelgas docentes en el futuro y si realmente logrará mejorar la situación educativa en el país.
La aprobación de la Ley Finocchiaro marca un hito en la política educativa argentina, pero también plantea interrogantes sobre la coherencia de las decisiones políticas y el tratamiento de los derechos laborales. La expectativa ahora se centra en el Senado, donde se definirá el futuro de esta controvertida norma.